Hace unos días terminé La cuarta trama, un libro de José María de Pablo, abogado, publicado por el sello Ciudadela en el año 2009 y reeditado recientemente por Palabra con motivo del 20 aniversario del terrible ataque terrorista del 11 de marzo del año 2004 en Madrid. De Pablo representó a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, extinta hace nada, en el juicio. Dos años después escribió este libro que debería ser de lectura obligatoria: es imposible salir de ella impasible ni indiferente. Es un libro que obliga al que lo lee a hacerse preguntas y a desconfiar abiertamente de instituciones fundamentales de cualquier Estado democrático como la policía, la judicatura y la inteligencia.
De Pablo nos guía, a través de la instrucción y del sumario, por la senda oscura y tenebrosa de los peores atentados terroristas en suelo español. No se sale indemne, si uno es español y se considera libre, de la lectura de este libro. La cantidad de contradicciones, falsedades, mentiras, manipulaciones, lagunas e incógnitas por despejar en todo el proceso es tan grande que, en el mejor de los casos, uno termina el libro albergando la certeza de que el nivel de negligencia dentro de las fuerzas, cuerpos de seguridad, instituciones y magistraturas del Estado, es incompatible con la decencia y la democracia. En el peor de los casos, se acaba convencido de que todo el sistema es una siniestra cloaca.
No se sale indemne, si uno es español y se considera libre, de la lectura de este libro
Lo de querer saber la verdad, en todo caso, parece que duró tres días, los que fueron del 11 al 13 de marzo. La gente se agitó (o la agitaron) y llamó asesinos a Aznar, sus ministros y a todos los peperos a bulto, a pesar de que el gobierno, a través del ministro Acebes, ponía al día a la opinión pública prácticamente a tiempo real de todo lo que se iba descubriendo, incluso a despecho de la opinión de los investigadores en esos días iniciales. Lo que pone de manifiesto La cuarta trama es que la verdad judicial da una explicación parcial, sesgada y sobre todo, incompleta de lo ocurrido el 11M que, ciertamente, satisfizo a la mayor parte de los españoles tres años después, al conocerse la sentencia. Y después, nada. ¿A alguien le interesa esto desde entonces? La instrumentalización de esa rabia cívica que sacudió el país entre el 12 y el 13 de marzo, convenientemente alimentada por PRISA, en concreto por la SER de Gabilondo y Ferreras, y por el PSOE de Zapatero, José Blanco y Rubalcaba, dio como fruto un vuelco insospechado del resultado de las elecciones del 14 de marzo de 2004. Los socialistas volvieron al poder después de ocho años y España, que era la octava economía del mundo y una alternativa clara a la hegemonía francobritánica de la Unión Europea, comenzó un larguísimo descenso hacia el subdesarrollo.
La tesis central del libro es que aún no sabemos quién ideó, organizó y planificó los atentados de Atocha: a lo largo de la investigación, instrucción, sesiones del juicio y en las mismas sentencias, tanto en la de la Audiencia Nacional como en la del Tribunal Supremo, hay demasiados indicios que obligan a pensar en que los 19 condenados son simplemente los colaboradores necesarios de los autores materiales conocidos, El Chino y El Tunecino, ambos supuestamente inmolados en un piso de Leganés en abril de 2004. El libro no da carrete a ninguna conspiranoia. Más bien al contrario, cada afirmación hecha y cada dato aportado está apoyado en una nota al pie (más de mil en todo el libro) que remite directamente a un testimonio oral u escrito aportado al sumario; a informes de las distintas unidades antiterroristas, científicas, artificieras, antidroga o de información de la Guardia Civil, el CNI y de la Policía Nacional; a conclusiones del propio tribunal presidido por Gómez Bermúdez, a pruebas presentadas y, en fin, a hechos contrastables, fácticos. En ese sentido el libro es impecable, avasallador, pues a la escrupulosa presentación de los responsables de la carnicería le sigue una pulcra cronología de los acontecimientos y a una minuciosa reconstrucción de todo lo que se sabe a través de una prosa amena y amable que no obstante le sirve a De Pablo para no aturullar al lector ni tampoco distraerle con exégesis banales.
El autor, además, en cuanto alcanza el límite de lo verificable, no se adentra en el terreno de la especulación sin antes advertir al lector de que lo que le va a contar no está probado judicialmente. Tampoco aventura hipótesis personales sin avalarlas, al menos, con un contexto diligente, razonable y razonado, en lo que se puede decir que es un estupendo modelo de periodismo narrativo a cargo no de un periodista sino de un abogado penalista. Se esfuerza en hacer entendibles ciertos términos relativos a la jerigonza judicial y nos guía con admirable paciencia, detalle y esmero en el intríngulis procesal sin que por un instante perdamos interés en lo que nos cuenta porque, al fin y al cabo, lo que De Pablo nos relata no es ni más ni menos que la historia de la búsqueda de la verdad (y sus múltiples enemigos) de unos hechos criminales que transformaron abrupta y completamente España hace ya dos décadas.
Todo lo que José María de Pablo nos cuenta está sustentado en declaraciones de policías, confidentes de la policía, artificieros del TEDAX, peritos de la policía científica, oficiales de la Guardia Civil, informes del Centro Nacional de Inteligencia y documentos adjuntos al sumario de la causa. Esto da un peso y una enjundia a La cuarta trama considerables. Nos ayuda a situarnos. De modo que De Pablo nos va contando quiénes son los miembros de las tres tramas que se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional: la asturiana, la del Chino y la del Tunecino. Mediante el escrutinio de las personas, circunstancias y hechos comprobados de cada una de ellas, va coligiendo la necesaria existencia de una cuarta trama a la que, por la naturaleza intelectual, logística y operativa de un atentado terrorista de semejante magnitud, y por la fuerza de los propios hechos probados en sede judicial, corresponde la autoría intelectual del 11M.
De Pablo no atribuye ningún nombre ni apellidos a los componentes de esta trama porque sencillamente, se desconocen. Sin embargo, las propias incongruencias, muy gruesas en determinados momentos, de la investigación, así como la increíble serie de zancadillas, negligencias, encubrimientos y manipulaciones por parte de la mismísima estructura de seguridad del Estado, el juez instructor y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, refuerzan la postura del autor: alguien, alguien muy poderoso, quizá alguien en plural, estuvo determinado desde el principio en que no se llegara al fondo del asunto, por intereses desconocidos (aunque fáciles de conjeturar) y por supuesto ajenos al interés fundamental de las víctimas.
Documental » 11M, EL PRINCIPIO DEL FIN
Uno de los puntos fuertes de la obra es que además de servir de guía a través del embrollo judicial y policial del 11M, nos enseña todo el sórdido abanico de personajes secundarios que aparecen en los márgenes del caso y que en muchos casos ayudan a comprender la inextricable maraña y podredumbre que lo rodea. Personajes secundarios y, da la sensación, olvidados deliberadamente, despreciado de antemano lo que, mucho o poco, pudieran aportar para el esclarecimiento de los hechos. A menudo pertenecen al hampa y a los bajos fondos de Madrid y de Asturias. Con una frecuencia inusitada aparecen entre ellos confidentes de la policía, chivatos y soplones controlados directamente por la Guardia Civil, el CNI y la Policía Nacional.
También gente de un pasado turbulento relacionado con las fuerzas armadas españolas y también con los servicios secretos y ejércitos de otros países. Uno de ellos es Francisco Javier Lavandera, ex-militar y por aquel entonces portero de un puticlub de Gijón donde solían dejarse caer Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras, los cabecillas de la llamada trama asturiana que suministró la dinamita GOMA2-ECO a la banda del Chino. Lavandera denunció dos veces, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que Toro le había ofrecido actuar de corredor entre ellos y ETA, en Francia, en un negocio de dinamita a cambio de droga. En ambas ocasiones la respuesta fueron amenazas a él y a su familia e incluso intentos de asesinato, según él, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hasta el punto de que su mujer, en diciembre de 2004, apareció muerta en una playa de Gijón, supuestamente suicidada mientras él estaba en paradero desconocido en su condición de testigo protegido de la instrucción del 11M.
Otro es el confidente Cartagena, el imán de Villaverde controlado por la policía que informaba de la progresiva radicalización del grupo de El Tunecino y al que, en premio a ello, dieron pasaporte a Almería bajo la velada intimación a que tomara boleto lejos de Madrid. Las cintas que iba pasando Cartagena llegaban directamente al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era entonces Baltasar Garzón. Depsués del 11M seguían allí amontonadas y sin traducir. Esto también salió en el juicio. Otro es el comisario Manolón, Manuel García Rodríguez, jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Avilés, quien monitoreaba a Trashorras desde que éste, al obtener la baja permanente por problemas psíquicos, empezara a trapichear con explosivos, armas y droga. Para Trashorras, Manolón era «un padre». Está probado que habló por teléfono con el comisario cada vez que, entre octubre de 2003 y el mismo 11 de marzo de 2004, vio o se telefoneó con El Chino. Pero, aun después del juicio, no se sabe de qué.
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A medida que José María de Pablo nos introduce en los antecedentes de las bandas de Toro, Trashorras, El Chino y El Tunecino, nos damos cuenta de que los grupos que intervinieron en la preparación material de los crímenes de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia estaban completamente controlados por los distintos cuerpos policiales, quienes a su vez tenían constancia de que tanto los asturianos, por un lado, como El Chino, por el otro, tenían trato frecuente y en el caso de Jamal Ahmidan, amistad, con terroristas de ETA. Esto está probado en La cuarta trama y al acabar el libro uno, ciudadano anónimo sin más, se pregunta, ¿cómo es posible? Además, la policía también sabía que El Chino, en 2003, empezó a buscar quien vendiera dinamita. Lo sabía por Rafá Zouhier, otro confidente, quien además le contó a los uniformados que conocía a unos asturianos que estaban locos por venderla en grandes cantidades. Nada de esto pareció despertar el interés de una policía española que, recordemos, en aquel tiempo se batía el cobre con una banda terrorista que seguía actuando y queriendo actuar, con atentados frustrados o fallidos en estaciones de trenes y en ferrocarriles de Madrid que estaban muy recientes.
El mundo estaba en alerta máxima desde el 11S y sin embargo Cartagena informaba de que había un grupo de islamistas en Madrid, congregados en torno a uno de los responsables del ataque a la Casa de España de Casablanca, en el que se hablaba ya de atentar en España. No pasaba nada porque al Tunecino, al parecer, también lo controlaba la policía. Pero cuando llegamos al capítulo en el que, último fin de semana de febrero, se reconstruye el viaje de tres días del Chino a Asturias a por cientos de kilos de GOMA2-ECO, no podemos sino preguntarnos hasta qué grado están corrompidos los cuadros de mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El Chino, según testimonio de testigos protegidos, informes de geolocalización de su teléfono móvil y llamadas pinchadas por la policía en el marco de otras investigaciones antidroga, sube con dos coches hasta Avilés y allí, en Mina Conchita, realiza una inverosímil excursión en medio de la noche y de la tormenta para sacar ingentes cantidades de explosivos y detonadores. Luego se los lleva de vuelta a Madrid pero jugándose el tipo de forma incomprensible al volver cruzando de lado a lado la cordillera cantábrica, hasta Bilbao, y bajar por Burgos. ¿Por qué?
El peor delito cometido contra las clases trabajadoras y la democracia españolas está a punto de prescribir ante la indiferencia general de todos los españoles
Aquí es donde De Pablo nos avisa de que, a partir de unos datos ciertos (el seguimiento del viaje de la caravana del Chino, quien, como los etarras cuando cruzaban España cargados de explosivos, iba en un coche lanzadera por delante, el famoso Toyota Corolla de placas dobladas con el que cogieron, una semana antes del 11M, al Gitanillo) procede a elaborar una hipótesis, pues en el juicio nadie explicó por qué El Chino decidió aventurarse por el camino más largo y difícil de regreso a Madrid desde Asturias en pleno temporal de nieve y frío. El autor se apoya en tesis de fuentes antiterroristas de la Guardia Civil para conjeturar que El Chino tuvo que haber quedado con alguien en las inmediaciones de Burgos. Ese alguien le tuvo que haber dado algo, probablemente dinamita Tytadine, que hasta entonces era la firma macabra de ETA en todos sus atentados con bombas. Se ha encontrado Tytadine en los restos de los trenes del 11M, no así en la dinamita aparecida dentro de la Kangoo de Alcalá ni tampoco en la mochila de Vallecas, pero como desaparecieron tanto los trenes como casi todo el ingente material recopilado por los TEDAX en las escenas del crimen, es imposible determinar si hubo más.
Se sabe que hasta 2005 ETA tuvo un zulo cerca de Burgos, en Cañaveras, donde almacenaba, entre otras cosas, Tytadine. En ese mismo mes de febrero de 2004 fue detenido un comando legal, o sea, no fichado por la policía, de ETA, el Comando Gaztelu, cuando, a su paso por Cuenca, tuvieron un accidente: transportaban 500 kilos de explosivos y un mapa donde venía subrayado el Corredor del Henares y algo que parecía un 11 junto a una letra O. En vasco, por ejemplo, jueves es ostegun, y el 11M, es sabido, cayó en jueves. Se sabe también, por declaraciones de los testigos en el juicio y por los informes aportados en el sumario, que los dos etarras legales detenidos eran conocidos del Chino, quien le confesó a Trashorras por teléfono que eran ‘sus amigos’.
Se sabe también, porque lo declararon al ser detenidos por la Guardia Civil (no así en el juicio, donde no se acordaban ni sabía nada) que Txeroki, el número 1 de ETA entonces, les había mandado desde Francia con órdenes de entregar las bombas «a otros activistas». Nunca nadie especificó a cuáles y todo esto fue desechado en relación con los atentados de Atocha. La hipótesis de De Pablo es que en Burgos El Chino se había citado con unos etarras que tenían que facilitarle, quién sabe si a cambio de droga o de cualquier otra cosa, Tytadine, al menos en cantidades parecidas a las que ya llevaba en el maletero de GOMA2-ECO.
Está probado que El Chino pidió refuerzos desde Asturias: Otman El Gnaoui, uno de los pocos condenados en el juicio por implicación directa en los atentados, tenía orden de subir hasta Burgos en un coche y de llevar, además, «un clavo grande». Aunque en el juicio explicó que lo que El Chino le había pedido era un simple clavo de ferretería normal y corriente, en el argot, se sabe por otros testimonios, un clavo grande hacía referencia a un arma larga. Antes de llegar a Burgos al Chino le dieron el alto y la Guardia Civil anotó que un ciudadano de aspecto y nombre árabe, con pasaporte belga, conducía, sin papeles de ninguna clase, un coche a nombre de una madrileña, en pleno temporal y en un momento en el que ETA, se sabía, quería atentar a toda costa durante las elecciones generales. Sin embargo fue despachado con una multa. De Pablo se pregunta si en esto tuvo que ver la llamada que, al ser detenido por la Guardia Civil, El Chino le hizo a Trashorras, y con el hecho, también comprobado por testimonios, de que tanto Toro como Trashorras presumieran en Asturias de contar con protección policial.
Todo en La cuarta trama es así. O sea, desasosegante para el que lo lee. Porque nada es ficción, sino un escrupuloso recorrido a través de los hechos juzgados en 2007. Hay más apariciones turbias e inquietantes a lo largo del texto. Como la del policía nacional sirio, ex-militar en el régimen baazista de Assad, que liberó los teléfonos móviles, un total de diez, que compraron individuos aún por identificar entre el 3 y el 8 de marzo de 2004 en un bazar hindú de Pinto. Fueron los teléfonos con los que se detonaron las bombas y también los que se encontraron en los demás artefactos hallados después. Este policía, Maussili Kalaji, es otro de esos personajes de puro rocambole cuya intervención en los hechos hace pensar en algo más, inevitablemente: en algo que no sabemos y, sobre todo, en algo que fuerzas muy poderosas dentro de la estructura del Estado no quieren que sepamos nunca. Su testimonio en el juicio fue despachado en quince minutos.
El 11-M convirtió España en un lodazal
A De Pablo le llamó la atención que, a la pregunta de si había colaborado con los servicios secretos, el hombre, tan pancho, contestase: «¿con cuáles?». Sin embargo, la parte más estremecedora de La cuarta trama es la que relata las impresionantes peripecias que rodearon la macropericial a los restos de explosivos, es decir, el arma del crimen, prueba descartada incomprensiblemente durante el sumario y realizada tres años después de los atentados bajo circunstancias completamente disparatadas: con apagones eléctricos tras los cuales el material aparecía contaminado y modificado como por milagro, con explicaciones absurdas de los peritos policiales acerca de la existencia de componentes asociados a la Tytadine en la dinamita evaluada…entre eso, y la falsificación de informes periciales para eliminar cualquier alusión a ETA que dio lugar al Caso Bórico, bastaría para rechazar cualquier conclusión de un proceso sujeto a semejantes actos de sabotaje, obstrucción y manipulación por parte, precisamente, de quienes, en teoría, eran los encargados de velar por la pulcritud del objeto fundamental del juicio, que es, o debe ser, buscar la verdad por todos los medios.
El libro de José María de Pablo es descorazonador porque nos asoma a un abismo. En un momento concreto de los capítulos finales acude al recuerdo de los GAL para demostrar las inquietantes similitudes entre el tratamiento oficial dado a quienes investigaron aquel terrible caso de terrorismo de Estado organizado directamente desde un Consejo de Gobierno socialista y el dado, después, a quienes desde El Mundo y Libertad Digital pusieron en duda el relato oficial de las causas y los culpables del 11M. Es un libro que hay que leer porque abre un camino proceloso pero necesario por el que caminar hacia algún lugar doloroso pero en último término, mejor: el lugar en donde descansa la verdad.
El 11M transformó España en un lodazal. En marzo de 2004 todo apuntaba a que la mayoría conservadora del PP mantendría sin problemas el poder alargando hasta 12 años, los mismos que gobernó Felipe González, un gobierno que condujo a España hasta el umbral del G-7 y la desaparición virtual tanto de ETA como de la izquierda proetarra abertzale. Hoy, esa izquierda está a punto de conseguir, en las urnas, el gobierno autónomo vasco y participa de la dirección política de España en calidad de socio del PSOE, por no hablar del retroceso y degradación socioeconómicas a las que, sin visos de reversibilidad, sufre el país. El peor delito cometido contra las clases trabajadoras y la democracia españolas está a punto de prescribir ante la indiferencia general de todos los españoles, conformes con que los problemas que determinan la acción política de sus élites gobernantes sean en su mayor parte estupideces prefabricadas en lugares remotos, mientras sus vidas son peores día tras día sin solución de continuidad. Y de los muertos, ¿quién se acuerda?